Trabajadores haitianos, ley 285-04 y verdad

Evitar las multas a los empresarios agropecuarios por la contratación de trabajadores ilegales sería otro de los objetivos de la propuesta

Los empresarios agropecuarios tienen el grito al cielo, y con razón. Cada ciudadano haitiano que desee ejercer actividades agropecuarias en República Dominicana debe pagar unos RD$ 40,000 en trámites para obtener una visa temporal de trabajo. Esta suma para las empresas y empresarios del sector resulta onerosa, nada que decir para los anémicos y escuálidos trabajadores haitianos.
La solicitud es para que sea modificado el reglamento de la Ley General de Migración (285-04) con el fin de que en lugar de RD$40,000 sólo sean necesarios RD$10,000, y que además el trámite pueda realizarse desde las instituciones dominicanas.
Mejores condiciones de costo y cercanía incrementaría el número de trabajadores con sus estatus migratorios en orden, sería el objetivo.
También, evitar las multas a los empresarios agropecuarios por la contratación de trabajadores ilegales sería otro de los objetivos de la propuesta. Estas multas podrían alcanzar hasta los 300 mil pesos por cada trabajador ilegal.
Por vez primera, los empresarios dominicanos se encuentran ante una legislación y unas potenciales sanciones que los conminan a cumplir con la Ley General de Migración.
Muy bien por estos empresarios, no se podía esperar menos de ellos. Sin embargo, tratar de justificar su interés por suavizar los reglamentos migratorios para el ingreso de mano de obra haitiana con el argumento de que son mejores trabajadores que los dominicanos, es una desfachatez de marca mayor.
Para cualquier nación no existe mejor empleado que sus nacionales, pues tienen un vínculo cultural –a través de la lengua, de la historia, de las convenciones sociales aprehendidas-, además de invertir en su propio país los beneficios de su trabajo, es decir, que con su esfuerzo contribuyen con el ciclo económico interno.
Los dominicanos, y en especial las dominicanas, son buenos trabajadores, tan buenos que han soportado de forma estoica las triquiñuelas de la clase patronal, siempre apoyada por los sectores de Poder, desde el Ejecutivo hasta el Congresual, pasando con menos suerte por el judicial. Y esto se constata cada cuatro o cinco años cuando queda truncado el necesario y merecido aumento salarial general.
La diferencia entre los trabajadores haitianos y dominicanos radica en que los segundos son ciudadanos de un país con instituciones que funcionan aunque sea de forma parcial. No existe la institucionalidad en República Dominicana, pero sí las instituciones, y con esto nos encontramos, como sociedad, un paso más adelante que la sociedad haitiana, en donde tras el terremoto de 2011, además de desplomarse físicamente sus pocas instituciones, los niveles de pobreza se han disparado, convirtiendo aún más a sus ciudadanos en mano de obra barata cautiva.
Los trabajadores dominicanos, a diferencia de los haitianos, conocen aunque sea algunos de los derechos que les confiere el Código de Trabajo, saben a dónde deben dirigirse cuando son violentados sus derechos, y eso, ante el sector patronal dominicano, los convierte en unos “malagradecidos”, o lo que es lo mismo: en “malos trabajadores”.
Mas veremos esta nueva etapa, que esperamos se agilice lo más expeditamente posible por el avance en la institucionalidad del país, y que los trabajadores haitianos puedan contar con sus permisos de trabajo. Así los empresarios dominicanos podrán constatar –in usu- si en verdad los trabajadores haitianos son más laboriosos y dedicados que los dominicanos.

Por: Z101digital.com